HACE DIEZ AÑOS, se descubrió que INSEPRO era una pirámide de Ponzi: prometían a sus depositantes altísimos rendimientos, lo cual motivaba a gente
imprudente a retirar sus ahorros de los bancos reconocidos y de prestigio para transferirlos a INSEPRO.
INSEPRO, sin embargo, no colocaba dichos fondos en fabulosas inversiones que le redituasen suficiente dinero para pagar las exhorbitantes tasas que ofrecía en certificados de depósitos. Al contrario: usaba el dinero fresco que recibía para pagar los intereses del dinero previo que había recibido.
Cuando la pirámide colapsó, la Asamblea decidió que iba a absorber las pérdidas de los estafados. Los estafados obviamente no eran los pobres de El Salvador, porque los pobres salvadoreños no son precisamente gente que maneja certificados de depósitos en instituciones financieras. El gobierno no tenía en aquella época porqué haberse metido en un pleito que era
una simple estafa entre particulares.
Pero la cultura socialista imperante entre las clases medias de San Salvador de que el Estado está allí para resarcir a todos de todo lo que les pueda pasar fué lo que imperó. Los estafados exigieron aquello a lo que no tenían derecho y la
Asamblea decidió confiscarle $92 millones en IVA al campesino de Arcatao y a la verdulera de Usulután para regalárselo a viejas vividoras de San Salvador.
Ésto es
injusticia social. Pero como es injusticia social del tipo que le gusta a los socialistas, nadie dijo pío.
